La provincia de Alicante padece desde hace décadas un problema persistente de falta de vivienda para dar cobertura a la demanda. Un dato es revelador de este desfase que se mantiene en el tiempo: cada año se levantan 6.700 viviendas una cifra claramente insuficiente para compensar la demanda actual que supera las 26.000 unidades. La Costa Blanca ejerce un poderoso atractivo sobre los turistas residenciales por una combinación de factores que la convierten en un destino único y codiciado, entre los que destacan el clima privilegiado, la calidad de sus playas, la oferta de parajes naturales, la gastronomía, la cultura, el patrimonio, la calidad de vida, la conectividad y unos precios muy competitivos. el turismo residencial es un producto estratégico para la economía de la provincia de Alicante.
El auge inmobiliario de las últimas cinco décadas ha transformado el territorio. Es evidente que la Comunidad Valenciana, al igual que en muchas otras regiones costeras, existe un número considerable de construcciones ubicadas en zonas con algún grado de riesgo de inundación, que habitualmente se centran en las franjas litorales, las llanuras aluviales de los ríos y los deltas. La Comunidad Valenciana es el territorio español con mayor riesgo de inundación. Más de un 12 % de la población vive en áreas susceptibles de ser anegadas. La presencia de construcciones en zonas inundables implica un riesgo económico significativo, ya que estas propiedades pueden sufrir daños o incluso perderse por completo en caso de avenida. Además, pone en riesgo para la seguridad de las personas que habitan en ellas.
Para darle la mejor solución a esta situación en 2003 se redactó una normativa urbanística rigurosa, que tenía como objetivo garantizar un desarrollo ordenado y sostenible. La revisión de 2015 del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), que ha sido una herramienta fundamental para la planificación teniendo en cuenta la prevención de inundaciones debido a factores como lluvias torrenciales, crecidas de ríos o el aumento del nivel del mar. Una vez identificadas estas zonas, el PATRICOVA establece una serie de medidas para reducir los riesgos y proteger a la población, mediante normas destinadas a evitar la construcción en zonas de riesgo y promover usos compatibles con la prevención de inundaciones. Integra el riesgo de inundación en la planificación urbanística, evitando la concentración de población y actividades económicas en zonas peligrosas.
Esta normativa nace para dar respuesta a los episodios de “pantanadas”, “gotas frías” y, desde hace unos años, Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha sufrido la fachada mediterránea española y, con una gran intensidad, las tres provincias de la Comunidad Valenciana. La extraordinaria intensidad y la capacidad destructiva de las últimas riadas que afectaron a la Vega Baja (2019) y la reciente de la provincia de Valencia (2024) obligan a una revisión profunda de estas regulaciones y a una adaptación de la planificación a las nuevas realidades ambientales.
En general, la planificación urbanística se ha centrado en aspectos como la densidad, la altura de los edificios, la ocupación del suelo y la dotación de servicios. Si bien estos criterios han sido fundamentales para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, no han tenido en cuenta de manera suficiente los impactos del cambio climático y su evolución reciente. Fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones combinadas con tornados, las olas de calor, las sequías prolongadas y los temporales de la costa cada vez más frecuentes requieren nuevas perspectivas que minimicen los riesgos y promuevan la resiliencia. Es urgente preparar el territorio para unos fenómenos extremos que irán a más y liberar el espacio para que el agua circule provocando el mínimo de daños
La normativa urbanística debe evolucionar hacia un modelo más sostenible y adaptable, que integre criterios como la eficiencia energética, la gestión del agua, la permeabilidad del suelo, la vegetación urbana y la movilidad sostenible. Para el futuro inmediato habrá que tener en cuenta una gestión cada vez más dinámica en continua revisión, adecuación y seguimiento. También resulta imprescindible una adecuada gobernanza, a través de la cooperación y coordinación de las diferentes administraciones, agentes públicos y privados que intervienen y desarrollan sus funciones vitales en el territorio. El planeamiento urbano también debe jugar un papel clave en esta adaptación. Los planes generales de ordenación urbana deben ser revisados para incorporar medidas de adaptación al cambio climático, como la creación de corredores verdes, la protección de zonas inundables, la promoción de la agricultura urbana y la instalación de sistemas de captación y reutilización de agua.
Para minimizar las consecuencias de los fenómenos extremos como las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) es muy importante la conciencia ciudadana y una cultura de prevención. También son vitales las campañas de sensibilización, sobre todo en los centros de formación.
En definitiva, el crecimiento inmobiliario debe ser compatible con la lucha contra la emergencia climática. Para lograrlo, es necesario un esfuerzo conjunto de administraciones públicas, profesionales del sector y de la ciudadanía, que permita adaptar la normativa urbanística, el planeamiento, las infraestructuras y las construcciones a las nuevas realidades ambientales, definiendo los usos del territorio para que sean más compatibles con unos fenómenos que van a ir a más. Solo así podremos garantizar territorios más humanos, resilientes, sostenibles y habitables para las generaciones futuras.