La CEO de Alicante Urbana, María José Rocamora, ha participado en el II Foro Inmobiliario impulsado por Prensa Ibérica y el Diario información donde ha afirmado que la falta de vivienda se debe a múltiples factores, entre los que ha destacado la carencia de suelo en el que se puedan construir viviendas y el motivo sangrante de la “eternización de los procesos debido a la gran rigidez de las normas locales y a la falta de mano de obra que afecta al sector. En su intervención ha señalado que “las promociones de vivienda tardan una media de 10 o 9 años”.
Por su parte, el abogado urbanista y socio director del despacho Serrano & Asociados, Juan Enrique Serrano, ha lamentado que la Comunidad Valenciana cuente con una legislación urbanística especialmente “agresiva” que limita a los ayuntamientos e impide el desarrollo de suelo nuevo, muchos de ellos con planes generales de hace más de dos décadas.
Rocamora ha intervenido en una mesa acompañada de Rafael Ballester, socio director del despacho Pérez Segura Asociados; de Pedro Soliveres, presidente de Provia y director general del Grupo Vapf y de Cristóbal Ruiz, director de urbanismo.
Ballester ha asegurado que, aunque teóricamente hay un stock potencial edificable, en la práctica hace más de dos décadas que están disponibles y no se han desarrollado, por tanto, algún motivo habrá, quizá el más poderoso es que están en ubicaciones que los ciudadanos no quieren para vivir. Los ponentes también pusieron de manifiesto que hay terrenos que están en poder de urbanizadores que no los han desarrollado incumpliendo su obligación sin que la Administración haya actuado para resolver esas situaciones. Soliveres abordó una cuestión que está generando confusión: la diferencia entre vivienda social y asequible. Aseguró que “si las confundimos nos van a llevar a políticas equivocadas. Mientras que la primera es para familias en situación de vulnerabilidad, la segunda es una cuestión de que hace falta suelo donde hay demanda a precios asequibles”.
Con respecto a los informes del Banco de España que asegura que la provincia de Alicante tiene un déficit superior a 35.000 nuevos hogares. Para los ponentes esta cifra es inalcanzable a corto plazo por falta de suelo y de las condiciones apropiadas para asumir este reto.
En lo referente a la financiación, María José Rocamora recordó que los bancos siguen operando como tradicionalmente han hecho y vinculan las hipotecas a una o varias promociones que le permitan fidelizar clientes. También hizo alusión a que se han tardado 12 años en actualizar el precio del módulo de la vivienda protegida, periodo en el que hemos sufrido un notable incremento de la fiscalidad indirecta hasta de un 15 % (por las tasas, los actos jurídicos e ICIO y otras cuestiones) y preguntó “¿por qué no se rebaja?”. La respuesta la ofreció Cristóbal Ruiz: “Hace falta voluntad política. El actual sistema penaliza la promoción de obra nueva”. En esta línea, Ballester y Soliveres expusieron datos que evidenciaban que el crecimiento se había dado, cuando el Estado en los años noventa aplicaba medidas como la deducción en la renta y otros estímulos que se pueden incorporar en los presupuestos.
Alicante, foco internacional del turismo residencial
En las distintas mesas de trabajo se ha puesto de manifiesto también que la presencia de Alicante entre los mejores lugares para vivir en las listas que elaboran revistas como Forbes; unido al constante incremento de servicios que encuentran los visitantes debido a la desestacionalización del turismo, que lleva a lo largo de todas las estaciones del año y también a que los precios son todavía muy competitivos, contribuyen a consolidar la provincia de Alicante como una potencia en turismo residencial con una creciente presencia internacional.
Las distintas ponencias también dejaron patentes los retos de este sector para adaptarse a las demandas de los nuevos clientes, de perfil algo más joven que los tradicionales, que tienen otro concepto de la vivienda, de su trabajo, de su vida y de cómo disfrutar del ocio.