La CEO de Alicante Urbana, María José Rocamora, ha participado en un evento que ha organizado la comisión de Infraestructura y Urbanismo de la Cámara de Comercio de Alicante, en el que la institución ha presentado un informe en el que se recogen sugerencias, retos y oportunidades para el sector de la construcción y la promoción.
María José Rocamora ha señalado en la mesa redonda que “en general, éste es un sector saneado y robusto y, en particular, en la provincia de Alicante, a pesar de todas las contingencias ocurridas en los últimos años (conflictos internacionales, inflación con la consiguiente subida de costes de la construcción, falta de mano de obra, o incremento de los tipos de interés) no se ha producido un frenazo en la demanda de vivienda”.
Ha añadido que “la provincia de Alicante es un territorio especial. Los promotores han hecho bien su trabajo durante muchos años y la consecuencia lógica ha sido la buena posición de la Costa Blanca como destino preferido por visitantes extranjeros para vivir, para trabajar, para tener una segunda residencia o, simplemente, para invertir, lo que aumenta aún más la demanda. Un dato fundamental es que el 41% de las transacciones de viviendas del territorio han sido realizadas por extranjeros”.
Para Rocamora “la sociedad va por delante de las empresas y está demandando nuevos modelos habitacionales en la mayoría de los casos más colaborativos: coliving, cohousing, senior housing. En general, todos los formatos de flex living han irrumpido con fuerza en otras provincias y están llegando a la nuestra para quedarse”.
La CEO de Alicante Urbana ha puesto de manifiesto que “disfrutamos de una demanda potente y sana en primera residencia, en turismo residencial de nuevos sistemas habitacionales …. Pero no todo está bien: no tenemos capacidad para cubrirla. En 2023 se han creado unos 24.500 hogares en la provincia cuando no hemos sido capaces de promover más de 2,900 viviendas, según los certificados de fin de obra expedidos”. Para ella, el diferencial es demasiado grande “y nuestro objetivo prioritario debe ser reducir la brecha”. Así, considera que para lograrlo hay obstáculos que superar: lograr que haya más suelo para hacer viviendas tanto libre como para protegida; reducir los plazos de gestión, abordando con urgencia la simplificación administrativa; activar el silencio positivo; estructurar los instrumentos urbanísticos; asumir el reto de generar producto acorde a las demandas cambiantes que existen en el mercado, mediante la flexibilidad de usos; reducir los costes; y apostar por la cualificación para hacer que el sector sea más atractivo.
Un sector muy necesario
Ha resaltado que “tenemos la obligación de mantener la industria inmobiliaria que hemos creado para dar cobertura a la demanda del turismo residencial, la única en la que el bien exportado, es decir la vivienda, se queda en el país de origen generando más ingresos, impuestos y empleo. En 2022 ha supuesto un saldo en las exportaciones para la Comunidad Valenciana de 7.618 millones de euros y generó casi 100.000 empleos, solo en la Costa Blanca en ese ejercicio”.
Ha añadido que “el sector está esperanzado con noticias como el Plan Vive, el anuncio de facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes mediante la concesión de avales o el Plan Simplifica. Aun así, necesitamos con urgencia que se pase del anuncio a la ejecución y comenzar a trabajar en la colaboración público-privada para sacar adelante esas 10.000 viviendas para toda la Comunidad Valenciana”.
María José Rocamora ha finalizado su intervención diciendo que el sector tiene que “lograr que para cada cliente comprar la vivienda que desea sea un proyecto ilusionante para el ciudadano y no el problema de su vida”.
Unas propuestas alineadas con el sector
El estudio realizado por la Cámara de Comercio de Alicante destaca, entre otras cuestiones, la necesidad de la reducción de la carga burocrática y la generación del suficiente suelo para corregir el actual desequilibrio entre oferta y demanda. Estas son las claves para agilizar la construcción de viviendas, en un contexto en el que el déficit existente está trayendo consigo un notable encarecimiento del mercado inmobiliario. La entidad cameral también propone la aplicación del silencio administrativo positivo a los dos meses y establecer un plazo de tres meses en el mismo sentido para la resolución de los planes sectoriales necesarios para cualquier actuación urbanística en las que intervengan distintas administraciones sectoriales. Reclama, igualmente, la generalización del uso de declaración responsable, y agilizar y flexibilizar los trámites para adecuar la compatibilidad de usos urbanísticos al mercado actual.
Unos datos excepcionales
En la mesa de trabajo intervinieron: el presidente de la Diputación de Alicante; Toni Pérez; , el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; el presidente de FOPA, Javier Gisbert; y el vocal del comité ejecutivo de la Cámara Rafael Regalado,; además del vocal de la comisión de Urbanismo de Alicante en la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, Manuel Cortés,.
El encargado de comunicar la importancia del sector ha sido el presidente de la comisión que ha realizado el informe, Josep Llorca, quien ha destacado que representa el 7 % del PIB de la provincia de Alicante y que el número de afiliados a la Seguridad Social ascendía en 2023 a 57.165, representando con ello el 8 % del total del empleo. Ha añadido que en 2023 se vendieron 53.155 viviendas, el tercer registro más alto desde 2007, correspondiendo el 90 % a inmuebles de segunda mano. Del total de viviendas vendidas, 28.113 fueron a compradores extranjeros, lo que sitúa a Alicante a la cabeza de las provincias españolas, un 23 % del total nacional. Durante este mismo periodo se visaron 7.222 viviendas de obra nueva, una cifra que se sitúa muy por debajo del promedio del periodo 2000-2007. El precio de la vivienda libre, por otro lado, creció un 5,8 %, 1,9 puntos por encima de la media nacional, alcanzando un valor de 1.488,2 euros el metro cuadrado.
Sobre esta base, la Cámara ha presentado doce propuestas, tendentes a incrementar la oferta y potenciar las oportunidades para el sector. Así, la entidad plantea el fomento de la iniciativa privada y pública para la construcción de viviendas de protección oficial, la generación de suelo para reducir el desequilibrio actual entre oferta y demanda, y favorecer el acceso a la primera vivienda.